El día que Camps debió abandonar la política

El Molt Honorable ha conseguido convencer de su misión divina hasta al diario El País, siempre ávido de buscar virreyes en el PP. Quizá tenga razón, quizá esté asistiendo al nacimiento de un líder político que pasará a la Historia de este país. Quizá el nombre de Francisco Camps brille con letras de oro en los libros de texto. Por este motivo, porque quizá pase, voy a narrar el día que pensé que su carrera política había tocado a su fin.

Un tórrido mes de agosto de 2002, la barbarie de ETA volvió a golpear Alicante. Se llevó a una pequeña de Santa Pola. Dentro de esta estrategia de causar el mayor terror y daño posible, avisó de que había más bombas. Una estalló en una hamburguesería en Torrevieja. La otra, se avisaba que explotaría en la playa de Santa Pola. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado evacuaron la zona. La tensión de la jornada fue increíble. Un pequeño redactor como yo se sentía perdido y anegado en medio del marasmo.

No se encontró nada y a las 24 horas se reabrió la zona a los bañistas. En ese momento fueron constantes las altaneras llamadas a no ceder al chantaje del terrorismo. Y se insistió hasta la saciedad en que no se producirían efectos en el turismo por las campaña de terror iniciada por los asesinos.

Poco después se produjo una llamada de los terroristas concretando el lugar donde se había enterrado la bomba. Y ahí estaba, en medio de la playa, en el corazón turístico de Alicante. Con mucha gente sobre ella por las prisas en desdeñar cualquier problema a los turistas. Y su negro corazón de muerte en perfecto estado.

El teletipo de la jornada del 12 de agosto rezaba así: El grupo de artificieros de la Guardia Civil ha localizado una bomba escondida en la Gran Playa de Santa Pola (Alicante) cargada con cinco kilos de explosivo y sepultada a un metro y medio de la superficie. La potencia del artefacto era la misma que la del que explotó el viernes en una hamburguesería, se encontraba escondido en una mochila y en el mismo lugar que los terroristas dijeron en su segundo aviso de ayer. Los trabajos de búsqueda se reanudaron ayer a las 16.30 cuando un interlocutor anónimo llamaba al servicio de asistencia DYA de Vitoria insistiendo en la colocación de una bomba en el palmeral cercano a la discoteca Elcano, situada en la arena de la Gran Playa.

La persona que más se destacó esos días al acelerar la apertura de la playa, de minusvalorar el riesgo, fue el delegado del Gobierno de aquel momento, Francisco Camps. Le habían colocado en ese cargo como preparación para su salto al Palau de la Generalitat, mientras Zaplana probaba suerte en Madrid (y la perdía) y Olivas calentaba el asiento.

Ese día pensé que la carrera política de ese atildado y espigado delegado se había acabado. Fuera justo o no, había puesto en peligro la vida de algún turista con mala fortuna. Por las prisas de dar sensación de normalidad, lícita pero peligrosa, se precipitó. Y él fue perfectamente consciente de su error ya que desapareció de la vida pública durante un mes y medio. Este país tiene poca memoria y gusta de fagocitar la actualidad. Y todo se olvidó.

Nada pasó. Y ahí tienen al flamante jefe del Consell al que, en su entorno, no conocen mácula. Sin embargo en 2002, puso en riesgo de forma innecesaria vidas humanas. Por supuesto que el único responsable de las muertes en un atentado terrorista es el criminal. Pero la labor del gestor público tiene que ser fiscalizada. No todo vale. No se lucha contra el terror alentando al personal a seguir de vacaciones sin tener todas las seguridades del mundo.

Nunca he entendido que en cada atentado en zona turística se considere un éxito que todo el mundo siga bebiendo daikiris como si nada hubiera pasado. Si alguien muere cerca, no le honro si me embadurno de crema solar para tostarme a la parrilla del estío. A veces el duelo es importante. El dolor es compartido y el daño turístico pasa a un segundo plano. Eso es algo comúnmente aceptado. Nadie salvo los políticos tuvieron prisas en reabrir las playas sin tener en su mano todas las garantías de seguridad. Nadie asumió responsabilidad alguna. En otros países hubiera sido un escándalo. Aquí, ni El País lo recuerda.